Venezuela, espina en la bota de la injerenCIA norteamericana

Venezuela, espina en la bota de la injerenCIA norteamericana


por Pablo Siris Seade

“Tenemos interés en que se garanticen los derechos humanos” y en que haya “una mayor democracia” en Venezuela, declaró el vicepresidente norteamericano Joe Biden a periodistas durante su visita a Brasil el pasado martes 17 de junio. ¿Es legítimo este interés por la democracia y los derechos humanos? ¿Lo que ha buscado y busca Estados Unidos en Venezuela es garantizar estos derechos? Veamos...

Cuando habían transcurrido apenas tres años del golpe de Estado perpetrado contra el comandante Hugo Chávez Frías en abril del año 2002, la abogada venezolana-norteamericana Eva Gollinger publicó el libro “Código Chávez”, en el que desnudaba la participación norteamericana en la intentona por deponer al presidente democráticamente electo en el año 2000 con el 60% del universo de votos.
El “Código Chávez” reveló el financiamiento directo por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, Usaid), la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y otras agencias norteamericanas a decenas de organizaciones no gubernamentales, grupos y partidos políticos opositores al Gobierno venezolano que buscaban derrocar a Chávez.
La Usaid  ha sido acusada de trabajar en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o de realizar actividades propias de la misma en diversos escenarios, como desestabilización de gobiernos no alineados con las políticas de Estados Unidos. Las propias autoridades del organismo han reconocido su apoyo a fuerzas políticas opositoras a gobiernos de América Latina.
Por otro lado, según el New York Times, la NED fue creada “para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la CIA durante decenios. Gasta (al menos) 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.
Gollinger, entrevistada en agosto de 2013, decía claramente: “La intervención de EE.UU. En Venezuela ha aumentado progresivamente cada año desde que Chávez fue elegido por primera vez en 1998. Durante el golpe de Estado en su contra de abril de 2002, que fue derrotado por el pueblo y las fuerzas armadas leales, EE.UU. estaba ya apoyando a la oposición, pero con una ayuda moderada en comparación a lo que están haciendo en la actualidad. (...) De hecho, Obama no sólo aumentó el financiamiento a los grupos antichavistas, sino que lo hizo aún más oficial al incluir abiertamente dicha financiación en el presupuesto anual de operaciones extranjeras (Foreign Operations Budget). Hay un apartado especial dedicado a la financiación de los grupos de la oposición venezolana, o como ellos lo llaman, la 'promoción de la democracia'”.
Más adelante, la abogada señalaba: “He demostrado con amplio detalle en mis estudios que esta financiación ha ido destinada a fomentar la desestabilización y determinadas organizaciones y actividades venezolanas muy poco democráticas. Sabemos por los documentos publicados por WikiLeaks, y más recientemente por Edward Snowden, que el espionaje de EE.UU. en Venezuela aumentó de manera exponencial este año, con el empeoramiento de la salud de Chávez”.
Pero los Estados Unidos no buscaron incidir en Venezuela solamente a través de financiamiento; de acuerdo al ex agente del Servicio Secreto de la Marina norteamericana Wayne Madsen, “desde junio del 2001, el gobierno norteamericano había considerado la posibilidad de un golpe para deponer a Chávez (...) lo primero que oí es que el coronel James Roger, asesor militar de la Embajada de los EEUU en Caracas, se fue allí en julio para preparar el terreno golpista”.
Alex Volberding y Lany Birns, del Consejo de Asuntos Hemisféricos, con sede en Washington, admitieron la participación de la CIA en el golpe.
El mencionado James Roger y el también coronel Ronal Maccameron, también estuvieron al lado de los generales golpistas en el Fuerte Tiuna, así como el Embajador en Venezuela, Charles Shapiro. El apoyo logístico se hizo tangible a través del envío de barcos a las costas venezolanas para interferir las comunicaciones del gobierno venezolano y servir de base para helicópteros, según descubrió Gollinger al solicitar la desclasificación de documentos a través de la Freedom Of Information Act (FOIA).
A finales de 2002 y principios de 2003, Estados Unidos participó de forma activa durante el golpe petrolero, cuando una cúpula de dirigentes de Pdvsa detuvieron la producción en las refinerías El Palito y Paraguaná, mientras retenían al buque tanquero Pilín León repleto de gasolina en el lago de Maracaibo, frente a la ciudad del mismo nombre.
Las computadoras de Pdvsa fueron alteradas de forma remota (desde los Estados Unidos) para evitar su normal funcionamiento e impedir la recuperación de la principal industria venezolana.
En marzo de 2003 se producen explosiones frente a la Embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas. Se estableció por parte de los organismo de justicia que los responsables de tal hecho fueron el teniente retirado de la Guardia Nacional José Antonio Colina Pulido y Germán Rodolfo Varela. Ambos hoy viven en Estados Unidos, protegidos por ese gobierno.
Otro protegido por el gobierno estadounidense es Robert Alonso, responsable de organizar en 2004 la penetración de 153 paramilitares colombianos, que entrenaban en su hacienda para asesinar al comandante Chávez. Alonso vive hoy en Miami, desde donde continúa sus esfuerzos por derrocar al Gobierno venezolano, con el apoyo de su hermana, la actriz María Conchita Alonso.
William Brownsfield, quien sucedió al embajador Shapiro, se reunía constantemente con dirigentes de la derecha y con activistas de las ONG que apoya Estados Unidos a través de la Usaid y la NED para impulsar actividades secesionistas en el occidental estado Zulia, así como criticaba los mecanismos de integración con los países de la región y la creación de organismos de seguridad regional sin la participación de Estados Unidos.
Se confirmó también que quien sucedió a Brownsfield, el embajador Patrick Duddy y posteriormente el encargado de negocios, James Derham, financiaban a organizaciones opositoras, periodistas y medios de comunicación aliados de los Estados Unidos para que profundizaran las matrices antigubernamentales.
El 9 de enero de 2007, Norman Bailey fue nombrado como jefe de inteligencia contra Cuba y Venezuela, luego que la CIA creara una división especial para centralizar, unificar y coordinar en un solo nodo las actividades de Washington hacia los dos países que considera más hostiles en el hemisferio.
Para entender la importancia de esta designación, quizás valga la pena mencionar que los únicos otros dos países que tienen el “honor” de contar con oficina propia dentro de la CIA son Irán y Corea del Norte.
Para quienes no son buenos con las fechas, el 10 de enero de 2007, Hugo Chávez asumía como Presidente venezolano en su segundo período constitucional y después de haber ganado las elecciones de diciembre de 2006 con casi el 63% de los votos emitidos.
A partir del inicio de la enfermedad de Chávez diagnosticada en marzo de 2011, no fue sino desde Estados Unidos de donde surgían las supuestas “noticias” en relación a la misma y Miami se convirtió en la principal “fuente” de información para medios como ABC y El País de España, que se hicieron eco de las operaciones de desinformación y contrainformación elaboradas por la inteligencia norteamericana en estrecha colaboración con la derecha venezolana.
Ya este año, a partir del mes de febrero, cuando se iniciaron las “guarimbas”, tomas de calle violentas que dejaron más de 40 muertos y cientos de heridos en acciones protagonizadas durante los enfrentamientos violentos que se ocasionaron en Caracas y las principales ciudades de Venezuela, el Departamento de Estado se manifestó muy preocupado por la situación en el país.
Pero no fue sino hasta la derrota de este movimiento violento cuando Estados Unidos inició una seguidilla de más de 60 declaraciones, que tuvieron su última expresión en la declaración de Biden que inicia este artículo, exigiendo “avances concretos” en el diálogo que sostiene el Gobierno con distintos actores políticos, económicos y sociales.
Pareciera que Estados Unidos busca en esta etapa ganar en la liga lo que hasta ahora no ha conquistado en el campo de juego.



Publicada originalmente en el semanario El Popular (Montevideo, Uruguay, nro. 272, 20 de junio de 2014)

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