Otra mirada sobre la situación en la frontera de Colombia y Venezuela


Cuando los medios de comunicación que detentan la hegemonía corean al unísono de manera entusiasta y en el mundo entero a favor o en contra de algo, los pueblos de todos nuestros países han aprendido que deben mirar la realidad desde otro punto de vista. Uno que confronte al de los ricos y poderosos que se expresan a través de esos grandes medios de comunicación. Eso también sucede con la situación fronteriza entre Colombia y Venezuela.

La situación en la frontera colombo-venezolana es ciertamente terrible, pero no lo es exclusivamente a partir del pasado 20 de agosto, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro dio la orden de cerrar el paso entre San Antonio del Táchira en Venezuela y Cúcuta en Colombia, como respuesta al asesinato efectuado por paramilitares vinculados a la mafia del contrabando de extracción de tres militares y un civil venezolanos que participaban de un operativo de control de esta práctica.

Este asesinato de jóvenes venezolanos cumpliendo con su deber hizo que el Gobierno venezolano encontrara su límite, pero la situación es desde hace muchos años realmente dramática. Desde estas mismas páginas en El Popular hemos escrito sobre los el contrabando de extracción, sobre las operaciones realizadas en contra de la moneda venezolana, incluso ya hemos escrito sobre el paramilitarismo y las operaciones realizadas en conjunto con fascistas venezolanos en contra de la paz en Venezuela promovidas también por algunos sectores de la ultraderecha colombiana.

Venezuela siempre es un país de puertas abiertas

Como miles de uruguayos pueden atestiguar, Venezuela siempre ha sido un país de brazos abiertos para las personas que han necesitado encontrar fuera de su país lo que este les niega. Este ha sido el caso del Estado colombiano, que desde que se instalara el conflicto bélico en ese país a partir del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, ha expulsado de ese territorio a más de cinco millones 600 mil colombianos.

Colombia es el segundo país del mundo con más refugiados políticos después de Siria. De ellos, cerca de cuatro millones viven en Venezuela y son sujetos de pleno derecho. Esto quiere decir que tienen educación y salud gratuitas y de calidad, acceso pleno a la cultura e incluso a expresar y difundir la propia, programas de vivienda de interés social de los que son beneficiarios, empleos dignos, entre otros muchos etcéteras.

Al mismo tiempo, en tanto no se exige documentación nacional para el disfrute de todos los derechos por parte de todas las personas, miles de ciudadanas y ciudadanos colombianos a lo largo de la frontera acceden a estas prestaciones gratuitas por parte del Estado.

En Cúcuta miles de niñas y niños provenientes de los hogares más pobres cursan estudios en Venezuela (por cierto, para ellos la frontera está abierta, pero eso no lo dice CNN), así como miles de personas realizan diversos tratamientos médicos en la Misión Barrio Adentro, sobre la que ya hemos hablado muchas veces desde estas páginas.

No hemos hablado, sin embargo, del drama cotidiano que significa para cientos de miles e incluso millones de personas esta situación. Habitualmente transitan diariamente por la frontera entre San Antonio y Cúcuta una cifra cercana a las 155.000 personas, así como decenas de miles de vehículos, cuyo cometido mayoritario es extraer ilegalmente gasolina, alimentos y otros productos de primera necesidad, así como billetes venezolanos e introducirlos legalmente al mercado colombiano.

No se equivocó, estimado lector. Ni me equivoque yo. Se extraen esos productos ilegalmente de Venezuela e ingresan legalmente a Colombia. Para la gasolina venezolana hay una regulación especial en Colombia, lo que hace que esa gasolina contrabandeada luego sea vendida legalmente en estaciones de servicio. Lo mismo sucede con las casas de cambio en Cúcuta, liberadas de las regulaciones y cotizaciones emitidas por el Banco Central de Colombia, a efecto de poder especular libremente con la moneda venezolana. De la misma forma, los establecimientos comerciales venden libremente los productos venezolanos, sin que nadie se preocupe y persiga a “la mano negra del contrabando”.

Vivir en San Antonio y otras ciudades venezolanas fronterizas con Venezuela se ha convertido en un infierno. Colas de cuadras para adquirir alimentos. Cajeros automáticos vacíos. Gasolineras sin gasolina. Y la única forma de subsanar esto es cruzando al lado colombiano de la frontera donde los mismos productos extraídos de Venezuela son vendidos con ganancias que a veces superan el mil por ciento.

El drama de la frontera es un gran negocio

El colombiano Andrés Gil, líder campesino y vocero de Marcha Patriótica, señaló en un artículo titulado ¿Y si Maduro tiene razón? Que “En el Táchira (…) circulan 160.000 vehículos pero ¡ahí se consume más gasolina que en Caracas! Un millón diario de galones de gasolina sale de Venezuela hacia Colombia, ¿pueden creerlo? ¿Y quiénes se nutren del meganegocio de traer clandestinamente gasolina a 200 pesos colombiano el galón (U$S 0,06, la más barata del mundo) a Cúcuta donde el galón vale de 4.000 a 5.000 pesos colombianos (U$S 1,20 – 1,60)? ¿Los pinpineros (los que atraviesan la frontera con bidones de gasolina)? No, hablamos de un negocio más rentable que el mismo narcotráfico y que obviamente controlan las mafias que el gobierno llama bacrim (bandas criminales), es decir, bandas paramilitares”.

Agrega Gil: “Pero el contrabando de gasolina es apenas un problema. Táchira posee el 4,5 % de la población venezolana pero “consume” el 8,5 % del total de alimentos de este país; es decir, prácticamente la mitad de lo que llega a esta región sigue derecho hacia Colombia como contrabando, hagan cuentas: mientras un litro de leche subsidiado por el Estado Bolivariano cuesta en 200 bsf (bolívares fuertes), en Colombia lo venden a 14 mil”.

Más adelante, el líder campesino sostiene: “A todas estas, en Colombia dicen que en Venezuela la gente se muere de hambre y que le toca hacer colas para mercar. ¿Y este país subsidia productos básicos a su población? ¿Alguien me puede explicar esto? Pues en Colombia los medios deberían decir que (hasta donde sé) en Venezuela no se están muriendo niños por desnutrición como el La Guajira, el Vaupés o el Chocó (departamentos de Colombia)”.

Pero el drama no es exclusivo de la población venezolana, Gil explica que “Cúcuta termina siendo una ciudad muy vulnerable a las fluctuaciones de la frontera con el 33 % de pobreza, 19 % de desempleo y 80 % de informalidad. Depende casi completamente (el 72% de la población) del contrabando que sale de Venezuela. Desde luego que hay cambistas pequeños, pinpineros, pequeños comerciantes y familias colombianas que van a hacer sus compras a Venezuela, pero los grandes beneficiados con el contrabando son las grandes mafias”.

Concluye el vocero de Marcha Patriótica: “los medios colombianos han hecho tremendo despliegue de los colombianos humildes deportados, drama que desde luego nos conmueve a todos, pero yo les pregunto: ¿por qué nunca hicieron lo mismo cuando cerca de 100 indígenas fueron maltratados y desalojados por el Esmad el 27 de febrero de este año? ¿O las 1.500 personas desalojadas en Villa Café en Medellín el 28 de mayo, o las 400 familias desalojadas de Hidroituango, o las otras tantas del Quimbo en el Huila? ¿Por qué los medios colombianos no dieron un despliegue similar a los centenares de miles de desplazados, despojados y desaparecidos que en los últimos 20 años generó el conflicto?”

La postura del gobierno colombiano

Hace tan solo unos días, el pasado 26 de agosto, se reunieron en la ciudad colombiana de Medellín la canciller de ese país, María Ángela Holguín y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez. Al concluir la reunión, Holguín -quien señaló el desacuerdo de su gobierno con el cierre de la frontera por parte de Venezuela- afirmó: “El narcotráfico, que afecta a ambos países, y el precio de la gasolina y otros productos que desangra a Venezuela, está haciendo un daño inmenso y eso lo reconocemos”.

Según la emisora colombiana W Radio, la canciller María Ángela Holguín manifestó este miércoles en la comisión Segunda del Senado que “es absurdo” que las autoridades de Venezuela crean que la lucha contra el contrabando es sacando de su territorio a familias humildes de colombianos que no tienen nada que ver con los problemas de la zona.

Del reconocimiento inicial no queda nada, quizás hayan presionado mucho los empresarios que se enriquecen en el departamento de Norte de Santander (donde está asentada Cúcuta) y de toda Colombia, que obtienen pingües recursos del desangre de Venezuela o de la narco-para-política, como se le llama en Colombia a los sectores políticos vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe.

Lo cierto es que los cuatro millones de colombianos que han hecho su vida en Venezuela saben que no tienen de qué preocuparse, como también saben que la única forma de lograr normalizar la vida es tomando medidas en esa frontera que se ha convertido en una herida abierta.

Eso solamente podrá realizarse con la colaboración de ambos países, que se supone son hermanos. Y los hermanos no se lucran con el sufrimiento del otro, ¿o sí?

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